La lucha contra la desertificación en España
05/07/2022
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, la primera quincena de junio de 2022 en España ha sido la más cálida desde que hay registros, con temperaturas que seguirían siendo extremas incluso en plena canícula. Por si esto no fuera suficiente, el verano ha comenzado en nuestro país en situación de sequía meteorológica, es decir, al inicio de la época más seca del año existe ya una escasez de precipitaciones. Esta situación de desertificación supone un problema que España debe atajar.
Estas anomalías térmicas y pluviales, propiciadas por el cambio climático, constituyen el caldo de cultivo perfecto para la gestación de catástrofes naturales que, como los incendios, aceleran la desertificación de la superficie vegetal y degradan el ecosistema. En todo caso, no podemos obviar que la pérdida de superficie fértil es también el resultado de la explotación insostenible de los recursos naturales.
Atajar el problema de la desertificación no es una cuestión menor: en España, el 74% del territorio se halla en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, se encuentra bajo riesgo de desertificación por motivos climáticos. Por ello, frenar el avance de la desertificación y potenciar la restauración hidrológico-forestal son dos objetivos clave de la política medioambiental.
Ya en el año 2008 fue aprobado (Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto) el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), cuyo objetivo es “contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio nacional y, en particular, la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas”.
Al amparo del PAND, se han impulsado diversos instrumentos, como inventarios y guías de suelos, para evaluar y prever la evolución de la desertificación. El PAND también ha desarrollado acciones de divulgación y concienciación ciudadana y ha permitido mejorar la coordinación de las políticas ambientales de las diferentes Administraciones públicas.
Aun y todo, desde la aprobación del PAND en el año 2008, el contexto internacional de protección del medioambiente y de desarrollo sostenible ha experimentado no pocos cambios. En este sentido, destaca especialmente el Acuerdo de París, adoptado en el año 2015 y cuyo objetivo primordial es limitar el alcance del calentamiento global. El Acuerdo de París fue reafirmado en 2021 por el Pacto de Glasgow para el clima.
A nivel europeo, cabe mencionar el Pacto Verde Europeo, que persigue adaptar los distintos sectores productivos a la neutralidad climática; así como la Estrategia de la Unión Europea para la Protección del Suelo, que establece un marco de actuación para proteger y restaurar los suelos y garantizar que se utilicen de forma sostenible. Estos dos instrumentos fueron promulgados por la Comisión Europea en 2019 y en 2021 respectivamente.
No es controvertido, por tanto, que el PAND ha quedado hasta cierto punto obsoleto. Por ello, y a fin de adecuar el PAND a esta nueva realidad, el Gobierno aprobó el pasado 21 de junio –apenas cuatro días después de haberse celebrado el día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía– la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD).
La ENLD propone numerosas acciones a ejecutar hasta el año 2030, entre las que cabe destacar (i) la elaboración de un plan de restauración de terrenos afectados por la desertificación; (ii) la confección del atlas de desertificación en España; (iii) la creación de organismos de lucha contra la desertificación; o (iv) el impulso de una ley de conservación y uso sostenible de los suelos. Está previsto que las medidas contempladas en la ENLD se implementen a través de dos programas cuatrienales.
El enfoque del que parte la ENLD, centrado en una correcta gestión del suelo, es sin duda apropiado. Sin embargo, esta aproximación debe completarse con actuaciones materiales en los ámbitos forestal e hidrológico. A estos efectos, España cuenta también con el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal, que constituye el marco general para el desarrollo de trabajos de restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora.
Además, y en línea con el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua, la ENLD recoge la necesidad de alcanzar el buen estado –cuantitativo y cualitativo– de las masas de agua superficial y subterránea. Si bien hoy en día existen diferencias sustanciales entre cuencas hidrográficas, las demarcaciones de la zona mediterránea son las que padecen un mayor estrés hídrico y, por tanto, las que son más vulnerables a la desertificación por este motivo.
En este sentido, la ENLD destaca la relevancia de la agricultura en la lucha contra la desertificación: no en vano, en torno al 80% de la demanda hídrica en España se destina a regadíos y usos agrarios. Resulta, pues, fundamental impulsar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura; en particular, mediante los procesos de modernización de regadíos. Desde esta perspectiva, son los planes hidrológicos de cuenca los que deben articular el marco de actuación de lucha contra la desertificación.
Más allá de la formulación teórica de programas, planes y estrategias para contener el avance de la desertificación, es imprescindible que se implementen medidas materiales de ejecución de estos instrumentos. A corto plazo, las medidas que se adopten durante el tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027) determinarán en gran medida el éxito o el fracaso de la lucha contra la desertificación.