Estado actual de la Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva TARU), y previsión para los sectores farmacéutico, de cosméticos, y de productos de higiene personal

18/11/2026

La revisión de la Directiva

 

La revisión de la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas llevada a cabo mediante la Directiva 2024/3019, de 27 de noviembre, vino motivada por el riesgo derivado de la presencia, en las masas de agua de la UE, de microcontaminantes resultantes de los productos que se introducen en el mercado y de los residuos de dichos productos.

Uno de los contenidos destacados de la reforma fue establecer la obligación de los Estados miembros de implementar un tratamiento cuaternario en las estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas (EDAR), para eliminar esos microcontaminantes (art. 8).

La medida se complementaba en el art. 9, en base al principio “quien contamina paga”, con un régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para que los fabricantes de productos sufraguen por lo menos un 80 % del total de los costes adicionales de dicha eliminación, identificando en exclusiva inicialmente a los fabricantes de productos farmacéuticos y de cosméticos.  

Al mismo tiempo, se modulaba esa responsabilidad para el caso en que los productores pudieran acreditar que las sustancias contenidas en los productos que introducen en el mercado son rápidamente biodegradables en las aguas residuales (término que la Comisión tiene que clarificar antes del 31 de diciembre de 2027) o no generan microcontaminantes al final de su vida útil: en tal caso, los productores quedarían exentos de la RAP, incentivando así la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos menos contaminantes.

La Directiva deja abierta la posibilidad de ampliar la lista de sectores afectados, pero precisamente una de las críticas que se le han hecho, según veremos, consistía en no haber identificado correctamente las actividades responsables.

Código sobre medicamentos para uso humano

 

Simultáneamente, se ha tramitado un procedimiento de revisión de la Directiva por la que se establece un Código de la Unión sobre medicamentos para uso humano[1], aplicable a los medicamentos destinados a ser comercializados en los Estados Miembros de la Unión Europea.

Uno de los objetivos de esta revisión, sobre la que el Consejo de la UE adoptó su posición formal en septiembre de 2026 (antesala de la aprobación definitiva), consiste en crear un entorno atractivo para la investigación, el desarrollo y la fabricación de medicamentos en la Unión Europea (UE); y la propuesta pone el foco en la eliminación de la contaminación procedente de los ingredientes farmacéuticos activos que repercuten negativamente en la calidad de las aguas y del medio ambiente, exigiendo una evaluación del riesgo en el procedimiento de autorización.

Esta previsión conecta, de forma evidente, con las obligaciones de la Directiva TARU y su intención de incentivar la investigación y fabricación de medicamentos no contaminantes, que se verían beneficiados por la exención que se contempla en la contribución al SRAP.

Estado actual de la Directiva TARU: Resolución “stop the clock” del Parlamento Europeo, e informe de la Abogada General en el TJUE

 

Actualmente, hay dos procedimientos en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tienen por objeto la interpretación del art. 9 de la Directiva TARU, esto es, el nuevo régimen de RAP[2].

Por una parte, el Tribunal Supremo de Irlanda planteó una petición de decisión prejudicial ante el TJUE, en fecha 5 de junio de 2026 (asunto C-614/26), cuestionando la validez de los arts. 9 y 10 de la Directiva TARU, así como de su Anexo III (que son los que delimitan el alcance de la RAP), dada la ausencia en la lista de obligados de otros productores de microcontaminantes distintos de los fabricantes de medicamentos y cosméticos.

Esta petición se formuló en el marco de la impugnación de la propuesta de transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico irlandés[3]. Una de las preocupaciones de las empresas demandantes es que no se ha realizado ningún análisis de las aguas residuales urbanas, antes de la aplicación de la medida, con el fin de determinar con claridad el origen de los microcontaminantes, lo cual implica que los fabricantes de los productos farmacéuticos y cosméticos pagarían una cantidad significativamente superior al coste de eliminar los microcontaminantes resultantes de sus propios productos, contraviniendo así el principio de quien contamina paga.  

Y por otra parte, el Estado de Polonia impugnó la revisión de la Directiva, centrando también su recurso en el sistema de RAP. En este procedimiento (C-193/25) la Abogada General ha emitido un dictamen (septiembre de 2026) en el que propone declarar nulos el artículo 9.1.a y el anexo III de la Directiva, argumentando la falta de justificación de hacer recaer el 80% de la financiación del coste de los sistemas cuaternarios en dos sectores en exclusiva.

Las conclusiones de la Abogada General han sido ampliamente difundidas a través de canales especializados de los sectores concernidos, pero nos interesa ahora contextualizar su dictamen, y valorar qué consecuencias puede tener en el futuro.

Entendemos que el pronunciamiento de la Abogada General no deja de ser el reflejo del clamor general sobre las dificultades que entraña la aplicación de la Directiva TARU, que ya llevaron al Parlamento Europeo a emitir anteriormente una Resolución (18 de junio de 2026 - 2026/2652(RSP)), pidiendo:

“… una suspensión temporal («stop the clock») de las disposiciones sobre la RAP, de las obligaciones de tratamiento cuaternario y de las obligaciones financieras conexas hasta que concluya el estudio y la Comisión evalúe sus conclusiones.”

La Resolución del Parlamento refleja la discusión que se mantiene en cuanto al alcance de los costes previstos; y también las divergencias entre los estudios de la Comisión y la información procedente de los Estados miembros, así como entre los datos utilizados por la Comisión y los datos de evaluación de riesgos medioambientales presentados a la Agencia Europea de Medicamentos en el procedimiento de autorización de comercialización.

En este punto, el Parlamento se hace eco también de la preocupación por que los Estados participen, a través del Comité de Medicamentos de Uso Humano, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Agencia Europea de Medicamentos, en el estudio dentro de sus ámbitos de competencia; y asimismo expresa su inquietud sobre el impacto que pueda tener la Directiva para el suministro de medicamentos (posible riesgo para la asequibilidad, disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos, en particular, los críticos y genéricos).

En particular, señala la Resolución las dificultades para acogerse al incentivo de fabricar medicamentos no contaminantes, debido a la complejidad de modificar las formulaciones del producto (que requiere investigaciones prolongadas y/o nuevas autorizaciones de comercialización, en particular para los medicamentos genéricos), lo que obstaculiza la efectividad del principio quien contamina paga.

Ahora bien, a reserva de lo que resulte de la Sentencia del TJUE, lo cierto es que el mismo Parlamento (1) reafirma su firme apoyo a los objetivos medioambientales y subraya la necesidad de abordar la contaminación del agua, incluidos los microcontaminantes; (2) recuerda que la política medioambiental debe basarse en los principios de cautela, de acción preventiva, de corrección de los daños medioambientales preferentemente en la fuente y de quien contamina paga; (3) y destaca que la introducción del tratamiento cuaternario es necesaria, y que la RAP es la herramienta más eficaz para aplicar el principio de quien contamina paga.

En cuanto a este último punto, el Parlamento pide a la Comisión que acelere la evaluación de la asignación de sustancias y, si procede, reatribuya de inmediato las obligaciones de RAP a los sectores identificados como responsables.

En cuanto al Estado español, el MITECO sometió a consulta pública previa el anteproyecto de ley de transposición de esta Directiva[4], que si bien es previsible que experimente variaciones (vista la convocatoria anticipada de elecciones generales), tiene como elemento destacado la inclusión de un tercer productor sujeto al sistema de RAP: los fabricantes de productos de higiene personal.

 

Visto todo lo anterior, parece evidente que se mantendrá la obligación de los Estados miembros de construir los sistemas cuaternarios de tratamiento de aguas residuales (tal vez con una modificación del calendario inicialmente previsto), al no haber sido impugnado el art. 8 de la Directiva.

Al mismo tiempo, las Administraciones ya vienen manifestando su carencia de recursos económicos para afrontar las grandes inversiones que serán necesarias[5], por lo que lo más probable sea que no haya más modificación del sistema de RAP previsto en la Directiva, que el de identificar todos los sectores que deben contribuir a la financiación.

 

[1] Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directi va del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un código de la Unión sobre medicamentos para uso humano y por la que se derogan la Directiva 2001/83/CE y la Directiva 2009/35/CE (COM(2023)0192 – C9-0143/ 2023 – 2023/0132(COD)).

[2] La Directiva también fue impugnada por la Federación Europea de Asociaciones y de Industrias Farmacéuticas (EFPIA) y algunas empresas del sector, pero el recurso fue inadmitido por el Tribunal por falta de legitimación activa (Auto del Tribunal General de 18 de febrero de 2026 – Asunto T-158/25)

[3] Son partes demandantes Pharmaceutical Healthcare Association Limited y Alliance of Medicines for Ireland CLG.

[4] Consulta pública previa sobre el anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El procedimiento se encuentra cerrado a la fecha de esta nota.

[5] En España se ha calculado que la Directiva 2024/3019 exige una inversión de 5.813 M€ en el período 2026–2045 (fuente: iAgua Data (2026), Cuánto cuesta a España la nueva Directiva de aguas residuales).