Tanto las Administraciones Públicas como las empresas contratistas para la gestión de servicios públicos requieren a menudo asesoramiento, ya sea preventivo ya sea reactivo, en sus relaciones.

Las decisiones de las Administraciones Públicas relativas a la implantación de servicios públicos o al cambio en su forma de gestión, comporta la necesidad de tramitar los expedientes correspondientes, incluidos los de afectación o desafectación de bienes; también se les pueden plantear cuestiones relativas a la necesaria intervención en el servicio o bien de regulación de un prestador de servicio público de facto o sin título habilitante. Asimismo, muchas veces son necesarios estudios relativos a la estructura tarifaria aplicable a las distintas formas de gestión de servicios públicos.

Por otra parte, las empresas prestadoras de estos servicios pueden verse afectadas por las decisiones de la Administración o instar, en ocasiones, modificaciones del contrato para recuperar el equilibrio económico de las prestaciones. El asesoramiento en estos momentos debe asegurar el cumplimiento correcto de las obligaciones contractuales de las partes y también el respeto a los derechos del contratista.

Desde nuestro bufete ofrecemos asesoramiento sobre todos estos asuntos y cualesquiera otros que se enmarquen en el ámbito de la prestación de un servicio público.

• Expedientes relativos a la implantación del servicio y al cambio en la forma de gestión, remunicipalización, incluidos los expedientes relativos al prestador del servicio de facto o sin título habilitante.
• Asesoramiento a los entes locales en materia de contratación del servicio tanto para la preparación del contrato como en sus relaciones con los concesionarios del servicio público, expedientes de modificación del contrato y de intervención del servicio público.
• Asesoramiento a empresas gestoras de servicios públicos (privadas, públicas y mixtas) en diferentes fases: impugnación y defensa de sus adjudicaciones en vía judicial-; redacción de los contratos de gestión, seguimiento de la posterior ejecución de los mismos, etc.
• Asesoramiento jurídico relativo a precios a pagar por los usuarios de los servicios públicos.
• Estudio de la estructura de tarifas en los contratos de concesión y otras formas de gestión de servicios públicos: expedientes de aprobación de tarifas ante el Ayuntamiento y la Comisión de Precios, expedientes de solicitud de revisión de precios por desequilibrio económico de la concesión.
• Expedientes de afectación y desafectación de bienes.